El Estándar para la Protección del Trabajador (WPS) es la principal regulación federal destinada a tratar los riesgos asociados con enfermedades y lesiones relacionadas con pesticidas entre los trabajadores agrícolas. El cumplimiento del WPS debería reducir los riesgos de pesticidas para los trabajadores. Muchas granjas no cumplen con el WPS.
Resumen Ejecutivo
Todos merecen un lugar de trabajo que priorice su salud y seguridad. Lamentablemente, los trabajadores agrícolas rara vez se encuentran en un ambiente laboral como ese. La exposición a pesticidas es una de las principales amenazas que enfrentan estos trabajadores, con efectos sobre la salud que van desde lo agudo hasta lo crónico. Estos riesgos se extienden más allá de los campos. Los residuos de pesticidas frecuentemente viajan con los trabajadores a sus hogares y exponen a sus familias.
El Estándar para la Protección del Trabajador (Worker Protection Standard o WPS, por sus siglas en inglés) es la principal regulación federal destinada a tratar los riesgos asociados con enfermedades y lesiones relacionadas con pesticidas entre los trabajadores agrícolas. La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency o EPA, por sus siglas en inglés) establece y hace cumplir la regulación.
El cumplimiento del WPS debería reducir los riesgos de pesticidas para los trabajadores. Desafortunadamente, muchas granjas no cumplen con el WPS. El porcentaje actual y la calidad del cumplimiento son difíciles de evaluar. Como se detalla en “Exposed and at Risk” [Expuestos y en Riesgo], los datos estatales y federales son poco fiables. Aun así, los datos reportados ofrecen algunas ideas sobre las tasas de cumplimiento. En 2021, los estados inspeccionaron 3,092 instalaciones y reportaron 1,491 infracciones; las Tribus inspeccionaron 40 instalaciones y anotaron una infracción; y la EPA no inspeccionó ninguna instalación. Las encuestas y la investigación cualitativa también indican que muchos empresarios no cumplen plenamente con el WPS, aunque es necesario investigar mucho más. También existen deficiencias con el WPS. Nunca se ha llevado a cabo una evaluación de la efectividad de este estándar.
La EPA respalda y monitorea el cumplimiento a través de varios acuerdos de cooperación con universidades, organizaciones comunitarias y agencias estatales encargados de hacer cumplir la normativa. Las partes interesadas han criticado la ejecución de algunas de estas funciones, y existen oportunidades para mejorar.
Agradecimientos
Este informe fue elaborado por Center for Agriculture and Food Systems de Vermont Law and Graduate School, Harvard Law School Food Law and Policy Clinic y Farmworker Justice. Los principales autores de este informe son Emma Scott y Gray Norton de Harvard Law School Food Law and Policy Clinic, con Eric Sugarman y Hazel Spires, pasantes de verano con honores de Center for Agriculture and Food Systems en Vermont Law and Graduate School, y Jenny Dorsey, Kyla Duffy, Chloe Dyer, y Kristi Tanaka, estudiantes clínicos en Harvard Law School Food Law and Policy Clinic.
El informe fue escrito en colaboración con Laurie J. Beyranevand, profesora de Derecho y directora de Center for Agriculture and Food Systems, Lihlani Skipper Nelson, directora adjunta e investigadora principal de Center for Agriculture and Food Systems, y Mayra Reiter, directora del proyecto de seguridad y salud ocupacional de Farmworker Justice, todas ellas colaboradoras intelectuales, editoras y revisoras.
Agradecemos a las siguientes personas la revisión de este informe: Renée AboAmshe, directora de programa, Migrant Clinicians Network; Becca Berkey, directora de Community-Engaged Teaching and Research, Northeastern University; Lisa Blecker, educadora de Seguridad de Pesticidas en Colorado State University, y administradora en Pesticide Regulatory Education Program (PREP); Jeannie Economos, coordinadora, Pesticide Safety and Environmental Health Program, Farmworker Association of Florida; Anne Katten, directora, Pesticide + Worker Safety Project, California Rural Legal Assistance Foundation; Melanie Forti, directora de programas de Salud y Seguridad, Association of Farmworker Opportunity Programs; Andrés Kenney, abogado de Trabajadores Agrícolas del Noreste, Pine Tree Legal Assistance; Amy Tamayo, directora nacional de Política y Defensa, y Mily Treviño Sauceda, directora ejecutiva, Alianza Nacional de Campesinas.
Gracias también a las siguientes personas por contarnos acerca de su trabajo: Alexis Luckey, Caitlin Ryland, David Morales, Derek Brinks, Edgar Franks, Kaci Buhl, Laurie Manning, Lisa Palumbo, Lynn Hamilton, Margaret Reeves, Mary Jo Dudley, Mike McCullough, Pat Farquhar, Phoebe Gooding, Roberto Rosales, Sara Quandt, Thomas Arcury, así como a quienes desearon permanecer en el anonimato. La generosidad de estas personas con su tiempo y su experiencia ha contribuido en gran medida a que comprendamos mejor las prácticas y dinámicas que se tratan en este informe.
Los revisores y personas entrevistadas no revisaron el documento final y no están necesariamente de acuerdo con los argumentos y las recomendaciones del informe, pero nos aportaron orientaciones y comentarios sumamente importante sobre su contenido.
Este informe no habría sido posible sin el gran apoyo en edición, producción y comunicaciones de Claire Hermann, directora de comunicaciones de Center for Agriculture and Food Systems.
Este informe ha sido posible gracias al apoyo de la Biblioteca Agrícola Nacional del USDA.
Por último, y más importante, expresamos nuestra sincera gratitud a los trabajadores agrícolas de todo el país que se arriesgan junto con sus familias para alimentarnos, nutrirnos y sustentarnos.
Para descargar el informe completo en inglés, visite vermontlaw.edu/cafs.
Suggested Citation
Emma Scott et al., Vt. L. & Grad. Sch. Ctr. for Agric. & Food Sys., Condiciones Precarias de Proteccion, https://www.vermontlaw.edu/sites/default/files/2023-12/condiciones-precarias-de-proteccion-resumen-ejecutivo.pdf.
